Hackear Windows y Office puede salir muy caro



Aunque es una práctica completamente ilegal y, por lo tanto, penada por ley, hackear sistemas operativos y diferentes programas informáticos está a la orden del día. Sin embargo, en ocasiones puede tener consecuencias inesperadas.

 

 

Esta semana el Tribunal Supremo ha condenado a la propietaria de un locutorio en el barrio de Vallecas (Madrid) a seis meses de prisión y al pago de 3.600 euros de multa por un crimen contra la propiedad intelectual, ya que tenía en su negocio dos ordenadores con Windows y Office pirateados. Es la primera vez en España que el Tribunal Supremo emite una condena de este tipo en un caso por “infracción de los derechos de propiedad intelectual”.

La Policía Nacional registró la condena en noviembre de 2017. Los agentes hallaron que dos de los ocho equipos que había en el locutorio estaban funcionando con Windows y Office pirateados, según ha anunciado la Cadena Ser. En el año 2015 se reformó el Código Penal para incluir la “explotación económica de productos sin licencias”. Los magistrados de la sala consideran que era precisamente lo que la propietaria del locutorio estaba llevando a cabo en su negocio.

Además de los seis meses de prisión, la mujer tendrá que indemnizar con el coste de ambas licencias a Microsoft, la empresa propietaria tanto de Windows como de Office, así como pagar una multa que asciende a 3.600 euros. La condena que impuso un Juzgado de Madrid fue recurrida ante la Audiencia Provincial. Esta última corroboró la sentencia, y también fue recurrida. Finalmente el Tribunal Supremo ha dictado sentencia y ha decidido la condena en pleno.

 

Lupin, el mayor ciberestafador en España

J.A.F., alias Lupin, es el mayor cibertestafador del país. Se trata de un joven leonés de 23 años de edad que creó decenas de páginas web falsas para robar más de 1,5 millones de euros a unas 5.000 personas. Era uno de los delincuentes más buscados por las Fuerzas de Seguridad del Estado ya que pesaban sobre él 25 peticiones judiciales de toda la geografía española. Finalmente la Guardia Civil lo detuvo en agosto de 2019.

Lupin y sus colaboradores creaban tiendas online en las que vendían videoconsolas, teléfonos móviles, electrodomésticos… Llegaron a crear 30 páginas web, muchas de las cuales eran copias casi idénticas de webs de marcas muy populares para engañar a sus víctimas. La gran mayoría estaban operativas durante unos pocos días y luego desaparecían sin dejar rastro.

Todas las tiendas online estaban diseñadas de tal manera que los compradores se vieran obligados a hacer el pago a través de transferencia bancaria. Lupin tenía a un “ejército” de personas a las que pagaba por comprarles su identidad digital, de manera que abría cuentas corrientes a sus nombres para no dejar ningún indicio.

Una vez realizado el pago por transferencia, los compradores recibían una llamada en la que Lupin o alguno de sus colaboradores les decían que había habido algún problema y necesitaban más datos para completar el pago, entre ellos el número de la tarjeta de crédito.

Además, les pedían que se instalaran una aplicación para hacer un seguimiento del envío. En realidad lo que hacía la app era desviar todos los SMS que recibían las víctimas para conseguir los códigos de confirmación que envían las entidades bancarias al ordenar una transferencia. De este modo enviaban dinero de las cuentas de los compradores a las suyas sin que los primeros se percataran.